Últimamente, los teléfonos arden; el decretazo ha causado grandes heridas en lo más profundo de los tordesillanos, en sus almas. Unas heridas que no sabemos cuánto tardarán en cicatrizar. O quizás, si cicatrizarán alguna vez. Porque, la dignidad, guste a quien guste, es ese sentimiento de amor propio, de autoestima, que cada ser humano con sensibilidad experimenta cuando ha sido ofendido por alguien o por algo. Al igual que cuando la sinrazón actúa disfrazada de justicia, es ese y no otro el resultado.

      Ayer se ofendió gravísimamente a un pueblo al que, aunque sólo fuese por los derechos históricos que le asisten, debiera haberse respetado, cuando menos, desde la razón. Sin embargo, no sólo se le ha negado el derecho a defenderse, sino que se fue acosado con vileza, injusticia, irreflexión e irrazonablemente, hasta acorralarlo. Los culpables de tamaña felonía arguyeron desde la hipocresía, el interés particular y el personalismo, protegidos por el estatus que les confiere ese simple escaño ubicado en el interior de un edificio público al que un día accedieran gracias a la ingenuidad bienintencionada de los castellano-leoneses, pero no desde la legitimidad que a todo buen hombre de estado le confiere el obrar justamente. Porque, la ley justa no es otra que la que se aplica a una minoría que tuvo la oportunidad de participar en su elaboración. Y, porque sólo la justeza otorga legitimidad a una ley que, aprobada por la mayoría, obliga tanto a la minoría como a ella misma.

     La ley únicamente se considera justa cuando se atiene a la razón y persigue el bien común. No como en el caso que nos ocupa, que es abusiva y atenta abiertamente contra las libertades y derechos de un pueblo. Un pueblo llamado Tordesillas. Algunos entendidos opinan que, cuando una ley es injusta y no cumple con este tipo de requisitos, debe ser abolida. O de lo contrario no obedecida; pues desde siempre se consideró un derecho luchar contra todo aquello que supusiera un acto opresivo o gravemente atentatorio contra los derechos fundamentales del individuo. E igualmente se considera injusta y sectaria si atenta contra los derechos de otros, aunque se trate de una sola persona.

     El concepto de DIGNIDAD, por tanto, como derecho que cada ser humano tiene a ser respetado y valorado en tanto que ser individual y colectivo, con todas y cada una de sus características y condiciones particulares, por el sólo hecho de ser persona, ha sido transgredido, avasallado, pisoteado, humillado, vilipendiado, y puesto a los pies de los caballos. Unos caballos que, malversando su poder, han dejado bajo la indefensión a un pueblo que clama JUSTICIA, sin que nadie lo escuche, a pesar de que fueron muchos quienes salieron en su defensa. Ello supone tanto como retroceder en el tiempo, regresar a la alta Edad Media, en la que los señores feudales hacían y deshacían a su antojo, arrogándose no sólo toda clase de privilegios, sino todos los derechos, sin excepción. A la vista de ello, no parece que a los tordesillanos les quepa otra posibilidad sino responder con la rebeldía.

      La impresión de que la democracia en la que vivimos es una mentira es cada vez más patente, y está cada día más generalizada, pues únicamente tienen cabida en ella los derechos de quienes, por la calidad de sus cargos o de su persona, poseen la oportunidad o el poder suficientes para hacerlos valer. No obstante, el pueblo de Tordesillas, confiando en los valores que defiende nuestra Constitución, ha elegido una vez más, frente al abuso de poder, el camino de la legalidad, apoyándose al mismo tiempo en los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la que se reconocen como universales la LIBERTAD, el DERECHO y la DIGNIDAD de todos los seres humanos.
Dignidad equivale a valor intrínseco. Y como tal, todos somos acreedores a la vida, a la libertad, a la educación, a la cultura, al trabajo, etc. Todos y cada uno tenemos derecho a elegir nuestro destino, nuestras ideas, nuestra vocación…, poniendo como único límite el respeto a la dignidad de los demás. Y, basándonos en estos principios, los tordesillanos de a pie, decimos y mantenemos que, por parte de los diferentes grupos políticos con representación en la cámara de Castilla-León: hemos sido tratados humillantemente, indecorosamente, con discriminación y violencia, con desigualdad legal y jurídica, y por ende, maltratados en nuestra dignidad.

     La Organización de Naciones Unidas, en su resolución 39/46, adoptada por la Asamblea General de 10 de Diciembre de 1984, viene a definir como TORTURA “…todo acto mediante el cual se inflijan intencionadamente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales (psicológicos), con el propósito de… castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona u otras… cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…”.

      Nuestra Carta Magna, en su artículo 9, dice: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Y añade en el siguiente párrafo de dicho artículo: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud…” Más aún, el párrafo tercero suscribe: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas,... la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”.

  El artículo 10 de la misma Carta, expresa: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” Y todas estas normas se hallan avaladas por la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que hemos hecho mención anteriormente.

     El artículo 15, dice: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.” El artículo 45, en su apartado 2, dice: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.” “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.” Por último, el artículo 53, especifica claramente: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos.”, advirtiendo de que “sólo por ley… podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades…” Pero, en este caso concreto, nos veríamos obligados a recurrir nuevamente a la justeza, o no, de la ley. Y, una vez determinado que no lo es, tal como en este caso parece, lo lógico sería desoírla, por ser contraria al espíritu de una ley de rango superior, como lo es la propia Constitución.

     A tenor de todo lo expuesto, los señores feudales de la cámara castellano-leonesa han campado a sus anchas. Y todos, como si tuvieran algún tipo de vínculo que les une en beneficio de esta incomprensible actitud, se han pasado por la entrepierna la Constitución y nuestro propio derecho, a la vez que actuado a su arbitrio y conveniencia. Quedaría ahora por determinar si la Constitución está por encima o por debajo de tal ignominia, lo cual dudo mucho. Pero ellos, siguen por su camino, y no darán un paso atrás hasta que no le vean las orejas al lobo. El paso siguiente, por parte de los tordesillanos sería estar a lo que determinasen los tribunales. Pero a todos se nos antoja, dado el grado de contaminación política que los propios partidos llevan introduciendo en las instituciones desde hace años, incluida la judicial, que de poco habría de servirnos.

     De modo que, queridos amigos, ésta es la razón de la sinrazón; una quimera en la que España y los españoles nos parecemos atrapados de por vida, sin que por el momento hallemos viso alguno de luz. Los políticos que un día eligiéramos como representantes nuestros, para que defendiesen nuestros derechos y libertades, nos han vuelto la espalda, nos han traicionado, y velan más por todo cuanto les convierte cada día más y más poderosos que por acrecentar aquellos y mejorar el bien común.
El único camino que nos queda es echarlos. ¡Echarlos a todos!. Y, si por ventura quedase alguno que se atreviese a abanderarse como defensor de nuestros verdaderos valores morales, tradicionales y patrióticos, los que antaño nos convirtieran en referencia para el mundo, confiarnos a él, para, como ave Fénix, resurgir de nuestras cenizas y miserias y recuperar nuestra DIGNIDAD junto con nuestros DERECHOS y nuestra LIBERTAD. Porque la esperanza es lo último que se pierde.

     Hagámoslo, aunque no creamos, recordando sobre todo aquella parte del Génesis en la que puede leerse: “Y dijo Dios: “¡Hágase la luz!”. Y la luz se hizo. O aquella otra del libro sagrado en la que el propio Jesucristo dice: “Por sus frutos los conoceréis”. Y, nosotros, a estos, que han demostrado por activa y pasiva de lo que son capaces, desoyendo nuestro clamor pidiendo JUSTICIA, ya los hemos conocido sobradamente. De modo que, en estas elecciones, echémoslos al fuego; porque “…el árbol que no da fruto, y fruto abundante, se corta y se quema”.