Una imperdonable
agresión del gobierno regional a la Constitución y leyes
emanadas del parlamento nacional que obligan a proteger,
conservar y promover la Tauromaquia y como parte de ella al
Toro de la Vega.
Nada justifica actuar con la urgencia de un decreto contra
una parte de nuestro Patrimonio Cultural, a menos que
estemos ante acciones dictatoriales utilizadas para
violentar derechos y cercenar libertades. Ante este
atropello totalitario no cabe otro camino que la defensa
judicial y la exigencia de responsabilidades políticas.
La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), expresa el
más contundente de los rechazos al decreto aprobado por la
Junta de Castilla y León en relación a los festejos
populares en esa Comunidad.
El decreto, que vulnera la Constitución española y leyes de
rango superior, ha sido aprobado con premeditación dañina y
alevosía, propias de los regímenes que gobiernan a golpe de
decreto, sin que se justifique urgencia de naturaleza
alguna. Esto es lo que puede esperarnos con los radicales
que habiéndose posicionado ya en contra de la Tauromaquia,
pretenden hacerse con el poder en España, pero que para nada
se esperaba de quienes dicen creer en el respeto a los
derechos de los pueblos y a su libertad, como es el caso del
Partido Popular.
Expresamos a la vez nuestra solidaridad y apoyo
incondicional al Patronato del Toro de la Vega en particular
y a todo el pueblo de Tordesillas, pueblo ejemplar,
paciente, educado, respetuoso incluso con los que no piensan
como ellos, que enfrenta ahora además de los ataques de los
animalistas, la traidora acción de políticos endebles
instalados en el gobierno de Castilla y León, que no
respetan la cultura popular y que ceden a las presiones de
grupos que buscan vaciar a España de sus señas de identidad.
Asimismo, nos solidarizamos con su valiente alcalde D. José
Antonio González Poncela, (PSOE), quien en un gesto que le
honra, cuenta con el apoyo de los grupos municipales de
oposición, entre ellos del propio PP.
Leyes
iguales para todos
Nuestra Constitución y las leyes nacionales son de
obligatorio cumplimiento tanto para los ciudadanos como para
todos los poderes públicos, pasando desde el mas pequeño
ayuntamiento de nuestra geografía hasta la más alta
magistratura del Estado, incluyendo por supuesto a la Junta
de Castilla y León, obligada expresamente por la Ley 18/2013
de la Tauromaquia a proteger nuestro Patrimonio Cultural.
Por tal motivo, los autores del decreto se han convertido en
presuntos responsables de las sanciones que castigan el
incumplimiento de la ley, pues han sido ellos los que han
pasado por encima de la Constitución y las leyes, y lo más
doloroso, colocándose del lado de los intolerantes y
agresivos grupos animalistas, ignorando el sentir de todo un
pueblo como el de Tordesillas.
Con un discurso improvisado y audaz, el portavoz de ese
gobierno autónomo ha querido justificar que siete meses de
trabajo insustancial que dio como resultado este decreto
ilegal e inconstitucional, han sido suficientes para
cargarse 500 años de historia de un Patrimonio Cultural que
sólo pertenece a los tordesillanos, siendo éstos los únicos
que pueden disponer acerca del destino y las condiciones en
las que se recrea el Torneo del Toro de la Vega, que
entronca con los orígenes de la Tauromaquia.