No podría ser de otra forma, señor ministro del interior. Los tordesillanos, siempre lo hemos hecho, a pesar de que en innumerables ocasiones hayan sido contrarias a nuestros deseos y esperanzas. No olvidemos, don Jorge, que fuimos siempre vasallos ejemplares, y sólo cuando la injusticia hizo presa irresistible en nosotros, nos rebelamos contra quienes quisieron imponer por la fuerza las condiciones en las que habíamos de vivir, obligándoles a prescindir de nuestra honra y dignidad.

     Hoy, tres días después de que la Junta de Castilla y León diese su visto bueno a una ley arbitraria, salida de no se sabe qué conciencias, usted, con la mejor de las voluntades sin duda, viene a recordarnos que los tordesillanos debemos respetar la Ley. Sin embargo, esa máxima, que debería haber servido para influir en la decisión de aquellos que, faltos de toda escrupulosidad, así como del tacto democrático que debe palparse en cualquier decisión que afecte a los sentimientos más profundos de pueblos como Tordesillas, que ha honrado la historia de España como pocos, ni siquiera sirvió para hacerles recapacitar acerca de la repercusión social que podría tener un decreto que se confeccionó de la noche a la mañana, sólo para satisfacer las exigencias de unos pocos, a los que el propio decreto intenta hacer aparecer ante la opinión pública como la “voz de la sociedad”.

     Mire usted, señor Fernández Díaz, las “exigencias de la sociedad”, como se dice en el intragable decreto, no existen. Únicamente existen las exigencias de unos cuantos petimetres, que se han empecinado, subvencionados por dinero de algunas multinacionales y de otras partes que no viene al caso mencionar, primero en acosar y ahora en derribar algunas de las realidades que conforman el tejido de nuestros valores patrios. La tauromaquia, en toda su extensión, es uno de ellos, pues representa sin duda un parámetro fundamental e inigualable de nuestra idiosincrasia.

     En ningún otro país de Europa el carácter nacional ha venido determinado por una genética tan particular, que nos enaltece y hace vibrar de manera singular ante la vida y la muerte. No somos paniaguados, que nos conformamos con poner velitas a las víctimas de los atentados terroristas, o de los que caen bajo los escombros de sus casas tras un terremoto. Somos sensibles a las necesidades y penalidades de nuestros semejantes, hasta el extremo de dar cuanto poseemos para socorrerles, aunque sea poco.

     Por eso, y por muchas cosas más, los tordesillanos siempre hemos estado del lado de la ley. Pero, no conviene olvidar que, cuando los comuneros de Castilla decidieron visitar a la reina Juana, para pedirle que interviniera en los asuntos del Estado, poniendo coto a la injusta situación que se vivía por causa de los desmanes que los flamencos estaban llevando a cabo dentro del país, sólo se posicionaron del lado contrario a ella cuando se les desoyó. Hoy, no estamos en 1520. Me consta que usted lo sabe. Pero, permítame albergar la duda de que la cámara de Castilla-León lo sepa. O, al menos, que sea consciente de las consecuencias de sus actos en una ocasión como esta, cuando las aguas estaban tranquilas y, sin saber por qué, se han tornado turbulentas, amenazando con volverse todavía más si alguien no detiene esta locura.

     De momento, usted reclama sensatez, o eso es lo que se deriva de sus declaraciones a la prensa. Pero ha de reconocer que la sensatez es un concepto que no es patrimonio de nadie, sino de todos. En primer lugar, de aquellos que están obligados, tanto por su cargo como por las responsabilidades que se derivan de él. En segundo, de aquellos a quienes las leyes van dirigidas. Y, en este caso, señor ministro, quienes han “desollado la cabra” sin pedir permiso al dueño son los políticos de la Junta de Castilla-León. Ellos, en su calidad de representantes de una comunidad autónoma con tanta raigambre histórica como lo es esta a la que supuestamente representan, pese a estar legitimados para legislar dentro de la misma, han carecido de la sensatez suficiente, y han augurado, no sé si pretendidamente o no, tampoco si por algún tipo de conveniencia política o no, que se sucedan este tipo de comportamientos, aunque, felizmente, todavía no hayan tenido lugar; pero que, de continuar por este camino, quién sabe qué es lo que pueda suceder.

     La injusticia, señor ministro, nunca nace del pueblo; sencillamente, porque el pueblo carece de capacidad suficiente para generarla. No está dotado de poder bastante que le permita desarrollar iniciativas de tanto calado; y mucho menos capaz de poner a sus gentes, pacíficas como las tordesillanas, en son de guerra, como si fuesen los indios de las praderas americanas. El pueblo de Tordesillas, también conoce de las competencias de la Junta. Y respeta sus decisiones. Pero usted también debe entender que, entre respetar y compartir hay una gran diferencia. De la misma manera que, entre respetar a otro y respetarme a mí también existe otra gran diferencia. Y esto es lo que ha hecho, sencillamente, la Junta: había una ley, que regulaba el desarrollo de espectáculos taurinos dentro de la comunidad autónoma y en la que el Torneo del Toro de la Vega se hallaba incluido y permitido. Pero, hete aquí que, por el arte de Birle y Birloque, esa ley se convierte en otra cosa, justamente opuesta a la anterior.

     Comprenderá, don Jorge, que los tordesillanos y todos los amantes de esa lidia histórica se pregunten cuando menos: ¿por qué?. Ignoro si tras esta decisión de la Junta pueda haber algo oscuro, que pueda poner en crítico entredicho el buen nombre de la misma en relación con el partido político que su excelencia representa. No obstante, dadas las circunstancias, parece lógico pensar que el común de las gentes de Tordesillas y de España entera, se hagan esa misma pregunta: ¿por qué?.

      Por otra parte, es igualmente lógico que una decisión como esta, que nadie entiende, sino aquellos que la llevaron al papel, constituya una causa de “sentimientos encontrados”, como usted mismo ha manifestado. Pero, ¿cabría ser de otra forma? ¿No podrían haber imaginado, quienes la elaboraron, que lo que estaban haciendo era prenderle fuego a un polvorín? Ahora, lo que no se puede hacer es pedir al alcalde de Tordesillas y a los habitantes de la localidad que se acate la decisión, sin más. Entre otras cosas, porque lo más razonable sería que la Junta, o el propio Gobierno en funciones se retractasen y reconociesen que han metido la pata hasta el corvejón. Aunque, mucho me temo que eso no va a ser fácil. Más que nada porque el político, en general, es poco dado a reconocer sus errores; le resulta más sencillo cargar sobre el hombre de la calle y seguir acusándolo de lo que, en la mayor parte de ocasiones, no es.

     De modo que, presiento, don Jorge, que los tordesillanos vamos a seguir reconociendo la legitimidad de la Junta para adoptar decisiones en el uso de sus competencias; pero no insista en pedirnos que las acatemos, aunque esa sea su obligación como ministro, porque está fuera de lugar, habida cuenta de que quienes han conculcado en primer lugar los derechos de todo un pueblo han sido los miembros de esa Junta de Castilla-León. Por mucho que fuese elegida en su momento por los electores. Ellos, sin duda le volverán la espalda a partir de ahora; nos encargaremos de ello si no corrigen página. Y mucho me temo que no repercutirá solamente en el resultado de las elecciones generales del próximo mes de Junio, sino en las de la propia comunidad autónoma.